La UE permitirá que cada país decida restringir o prohibir los cultivos que contengan organismos genéticamente modificados (OGM)
El sector agrario español discrepa a la hora de valorar la decisión de la Eurocámara, que ha aprobado una nueva legislación que permitirá a los países de la Unión Europea (UE) restringir o prohibir los cultivos que contengan organismos genéticamente modificados (OGM) en sus propios territorios.
Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España, Antonio Catón ha afirmado que le parece "un atraso y una hipocresía que no se adopte en Europa una decisión importante sobre la autorización y liberalización" de los transgénicos. "Que cada país haga lo que quiera, en cuanto a la autorización, es otro punto para demostrar al mundo que en la UE no hay ninguna unión", ha añadido Catón, tras considerar que Europa se está quedando retrasada en este uso de tecnologías aplicadas a la agricultura, que lideran EEUU, Brasil, Argentina, India o Canadá.
A su juicio, en todo el mundo se utiliza la biotecnología "sin asustarnos", además de haber una creciente demanda alimentos para humanos y ganado que exige a los productores ser "muy competitivos" para asegurar ese abastecimiento, a lo que ayudaría el uso de los transgénicos. Ha aludido a la paradoja que supone que la UE prohíba la utilización de semillas OGM, pero sí permita importar algodón transgénico, que forma parte de los billetes de euro o de la ropa que visten los europeos, o soja de EE.UU, Brasil o Argentina que está en los piensos que alimentan al ganado.
En España se cultivan, según ha indicado, más de 120.000 hectáreas de maíz OGM (resistente a la plaga del taladro) -en 1996 eran apenas 22.000 hectáreas)- y durante 18 años "no ha pasado nada" e, incluso, nuestro país el líder en Europa en superficie ecológica, ha resaltado. "Si realmente los transgénicos fueran malos, no habría agricultores que los utilizasen", ha planteado Catón, quien cuantifica en alrededor de 180 millones las hectáreas OGM en el mundo.
El vicepresidente de Asaja, José Manuel Cebollada, ha señalado a Efeagro que esta organización agraria defiende el uso de los cultivos transgénicos porque "van en beneficio" del agricultor. A su juicio, estos cultivos facilitan el "reto" de "dar de comer a toda la población" en el futuro y "no entiende" por qué en algunos lugares del mundo están prohibidos y en otros no. Por ello, ha pedido "decisiones globalizadas" sobre el uso de los transgénicos para no perjudicar a unos agricultores frente a otros. Cebollada ha asegurado que la comunidad científica "nunca ha demostrado" que los cultivos transgénicos puedan ser perjudiciales para la salud.
Para la organización agraria COAG -según ha remarcado en un comunicado conjunto con Amigos de la Tierra, CECU, COAG, Ecologistas en Acción y la Plataforma de Andalucía Libre de Transgénicos (PALT)-, esta nueva norma va a repercutir negativamente en el sector agrícola español con la entrada masiva de cultivos transgénicos. Ha recordado que hay un único cultivo transgénico permitido en Europa, el maíz transgénico MON810 de Monsanto, pero que con esta nueva ley, "el Estado podría abrir la puerta a muchas más variedades".
En su opinión, la decisión final de aceptar la propuesta sitúa a España en "una posición muy vulnerable", porque "la ley agilizaría la tramitación de autorizaciones de nuevos transgénicos a nivel europeo".
En el comunicado instan al Gobierno a tomar medidas para "prohibir definitivamente" este cultivo y subrayan que se corre el peligro de crear una Europa "a dos velocidades" en la que los Estados "más sensibles ambientalmente tendrán la posibilidad de prohibirlos", mientras que otros "darán vía libre a la entrada de nuevas variedades transgénicas".
Fuentes de la organización agraria UPA han "lamentado" que el Parlamento Europeo deje libertad a los Estados Miembros, "en lugar de apostar por una normativa europea común". Han indicado que, con esta decisión, "parece que la UE escurre el bulto y no facilita lo que defendemos", que es el "respeto a la coexistencia de todas las formas de producción (ecológica, OMG y convencional)". Para ello, en su opinión, tiene que haber unas normas "claras" que permitan producir y consumir "con garantías y libertad".
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